Xalapa, Ver, 31 de enero de 2024.-A través de un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Verónica Pulido Herrera hizo un llamado al Gobierno del Estado y a los 212 ayuntamientos veracruzanos a adoptar medidas e implementar los mecanismos para diagnosticar, prevenir y sancionar el acoso escolar y cualquier acto de violencia que atente contra los derechos humanos de las y los estudiantes dentro y fuera de las instituciones educativas.

En el uso de la voz durante la Decimosegunda Sesión Ordinaria, la legisladora explicó que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019, México ocupó el primer lugar de acoso escolar en educación básica en el mundo, es decir, más de 18 millones de estudiantes de los niveles primaria y secundaria sufren este tipo de violencia.

Por otra parte, indicó que padres de familia del municipio de Veracruz han denunciado la detección de faltas cometidas por alumnos de comunidades educativas de nivel secundaria, en relación con la venta de medicamentos controlados con receta, situación que, dijo, ha dado como resultado violencia externa por parte de los padres de los adolescentes involucrados.

Ante lo cual, la Diputada se pronunció a favor de que estos temas sean atendidos por el gobierno estatal, toda vez que, consideró, constituyen violencia externa que afecta el contexto escolar y la relación entre padres de familia y representa un riesgo para la salud y la integridad de las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la Ley de Prevención y Atención del Acoso Escolar para el Estado de Veracruz, las autoridades educativas debe procurar un ambiente de seguridad y orden en la comunidad escolar y su entorno, como base para el desarrollo de las actividades educativas, además de establecer mecanismos para diagnosticar, prevenir y sancionar el acoso escolar y cualquier acto que atente contra los derechos humanos dentro o fuera de los planteles.

La diputada Verónica Pulido refirió que la Ley de Educación, en su artículo 74, establece que las autoridades educativas deben promover la cultura de paz y no violencia, para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos.

Finalmente, destacó la importancia de la emisión e implementación de mecanismos y lineamientos para los protocolos de actuación que permitan prevenir y atender este tipo de actos que ponen en riesgo la seguridad de las y los alumnos.

El Anteproyecto fue turnado, para el trámite correspondiente, a la Junta de Coordinación Política.

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