Xalapa, Ver, 18 de enero de 2024.- La diputada Anilú Ingram Vallines presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa que reformaría la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de crear el Registro de Agresores Sexuales, cuyo interés sería la protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y contribuir a la erradicación de la violencia en contra de estos sectores sociales.

En su propuesta, la legisladora prevé garantizar seguridad jurídica mediante una investigación oportuna de los delitos sexuales, puesto que, indica, debe ser considerada una medida de seguridad de prevención y protección de mujeres, niñas y adolescentes frente a los delitos de naturaleza sexual. Además, facilitaría la investigación e identificación, con fines de prevención, de autores sentenciados por delitos sexuales y con ello establecer acciones disuasivas que inhiban la comisión de estos actos.

De acuerdo con la iniciativa, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), impulsará la creación del Registro de Personas Agresoras Sexuales, como mecanismo efectivo de prevención y protección para los efectos de atender el factor de riesgo de reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual, a favor de víctimas o potenciales víctimas de esta violencia.

El Artículo 47 de dicha ley prevé establecer que el Registro es el sistema de información, de carácter no público, relativo a la identidad, penas y medidas de seguridad impuestas a las personas condenadas en sentencia firme emitida por un juez penal, por delito cometido contra la libertad o la seguridad sexuales, regulados por el Código Penal para el Estado.

Además, que la finalidad del Registro es la investigación y persecución de los delitos mencionados, con el objeto de proteger a las víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de Veracruz y otros estados, mediante la suscripción de los convenios correspondientes.

Precisa que la información que contenga el Registro sólo podrá ser utilizada por las autoridades responsables de la persecución e investigación de los delitos relacionados con la libertad y la seguridad sexuales.

La inscripción en el Registro de Personas Agresoras Sexuales sería por el periodo igual al que dure su condena, en ningún caso podrá ser superior y será determinada por el juez competente. Se cancelará cuando concluya el término establecido o cuando así lo ordene la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Anilú Ingram subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar medidas que generen condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos humanos, sobre todo, las encaminadas a lograr una cultura basada en crear cambios en la conciencia pública que erradiquen patrones culturales que refuerzan y sostienen la violencia.

Puntualizó que el Registro podría ser utilizado para determinar la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente reformada en su Artículo 38 relativo a dicha suspensión.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género. Se adhirieron a la misma el Grupo Legislativo de Morena; las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Ruth Callejas Roldán, Maribel Ramírez Topete y Verónica Pulido Herrera, así como los diputados Juan Enrique Santos Mendoza y Hugo González Saavedra. 

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